La normativa, que todavía no está aprobada, busca impedir que teléfonos robados en otros países se vendan en la Argentina
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Si el plan del Gobierno llega a buen puerto, el año próximo entrará en vigencia un sistema que extenderá la lista negra de teléfonos robados en nuestro país (que impide su uso, y que funciona desde 2016) a otros que hayan sido denunciados en otros países. Y podría sumar una lista blanca de teléfonos nacionales, que bloquearía los que no estén declarados al momento de ingresar a la Argentina.
La medida en análisis es una extensión de la lista negra que ya funciona de equipos robados en nuestro país desde mediados del año pasado, y que bloquea el uso en la Argentina de un teléfono que fue denunciado como robado, en base a una lista de IMEI (el número de serie único de cada teléfono) compartida por las operadoras. Ahora se enriquecerá con los aportes de los fabricantes y las operadoras de otros países. La intención es impedir que equipos que fueron denunciados como robados en otro país, tanto en un robo casual como en un desfalco más grande (un cargamento) sean vendidos o usados en la Argentina.
