Qué es la “tasa WhatsApp” que quiere implementar el gobierno en España

El Gobierno de España presentó recientemente el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, una iniciativa en el marco del proyecto España Digital 2020-2025. Dentro de las diferentes novedades se destaca la propuesta de que los servicios de mensajería instantánea, como WhatsApp, Messenger o Telegram, entre otros que superen el millón de euros de ingresos en España deberán abonar una tasa del 1 por mil de su facturación. A su vez deberán inscribirse en el Registro de Operadores y hacer una declaración de ingresos anuales.

Este nuevo impuesto que se busca imponer se conoce como “tasa WhatsApp” y tiene como objetivo regular la actividad de los gigantes informáticos así como equiparar las condiciones con las funcionan las empresas de telefonía.

En definitiva se busca que estos servicios pasen a ser consideradores operadores lo cual supone que tengan que pagar el gravamen mencionado anteriormente, que es lo que está estipulado en la Ley 9/2014. Los fondos recaudados estará destinada a solventar los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico, según se menciona en esa norma.

Cabe señalar que por ahora solo se trata de una iniciativa y que para que se comience a aplicar tienen que darse varios pasos. Por lo pronto, hasta el 13 de octubre se podrán realizar aportes a este anteproyecto en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Una vez finalizada esta etapa, tendrá tratamiento parlamentario a principios del año próximo y de ser aprobada se espera que entre en vigencia a partir del tercer trimestre de 2021.

Este gravamen, de ser aprobado, va en línea a la llamada “tasa Google” que anunció el gobierno de Pedro Sánchez y por medio del cual se busca que las empresas tecnológicas con ingresos anuales mundiales que superen los 750 millones y cuyos ingresos en España sean superiores a los 3 millones tributen el 3% a los servicios de publicidad, intermediación y a la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el propio usuario durante su actividad. Por ese impuesto el Ejecutivo busca recaudar unos 800 millones de euros.

Otras novedades del anteproyecto

Además de la mencionada propuesta, el anteproyecto incluye otras iniciativas como que los contratos entre los usuarios y las operadoras tendrán una duración máxima de 2 años. A su vez, el usuario tendrá derecho a conservar el número de teléfono y el saldo, una vez que se haya finalizado el contrato con la compañía.

También se contemplan regulaciones de paquetes de servicios, mayor accesibilidad y elementos que aseguren transparencia en los contratos que firman los clientes.

Por otra parte se eliminará las cabinas como servicio universal. Esto quiere decir que las empresas ya no tendrán la obligación de tener cabinas telefónicas en la vía pública, aunque sí continuarán existiendo teléfonos públicos en locales o bares.

Además, la duración mínima de las licencias de las operadoras se elevará a 20 años. Además, se incluye una revisión de las normas vinculadas a la gestión del espectro radioeléctrico, para facilitar el despliegue de las redes 5G, entre otros servicios.